El Fondo Monetario Internacional publicó el 26 de mayo de 2026 una serie de recomendaciones de reforma tributaria para la Argentina que incluyen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias, extender el IVA a bienes y servicios exentos y elevar las categorías del Monotributo.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las propuestas al considerar que recaen exclusivamente sobre asalariados, pequeños contribuyentes y el consumo, sin tocar los impuestos distorsivos que frenan la inversión y el empleo formal en el país.
Según CAME, el organismo internacional omite en su diagnóstico el principal nudo fiscal que asfixia a las empresas: el sistema tributario subnacional. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa con independencia de su rentabilidad, acumulando un efecto en cascada a lo largo de toda la cadena productiva. A esto se suman más de 2.300 municipios que aplican tasas con criterios heterogéneos y sin correlato verificable en servicios prestados, desincentivando la inversión y la radicación de nuevas empresas.
Un punto crítico señalado por la entidad es el mecanismo de retenciones y percepciones provinciales, que opera como un préstamo forzoso al fisco: las empresas pagan anticipos que superan sistemáticamente el tributo real, acumulan saldos a favor que no pueden recuperar y, en contextos de alta inflación, pierden entre el 60% y el 80% de su valor real mientras esperan devoluciones que demoran hasta 36 meses.
Frente a este panorama, CAME propone la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios, con el objetivo de armonizar bases imponibles, racionalizar los regímenes de retención y establecer plazos claros de devolución. La entidad plantea además eliminar el IIBB en las etapas intermedias de producción y reservarlo únicamente para la venta final al consumidor, un modelo similar al del IVA que eliminaría el efecto cascada sin afectar la recaudación provincial. Para CAME, gravar más a los trabajadores no genera empleo ni reduce la informalidad, sino que contrae la demanda y profundiza el círculo vicioso que la Argentina necesita romper.
