que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de dicho período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%. Solo una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación debería aplicarse la sanción en su totalidad, acorde a los montos establecidos por la ley.
Por otra parte, la entidad solicitó que, en atención a que el proyecto sería de origen fiscal, se disponga la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector pyme.
“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.
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A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
En un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria, la entidad representativa de las pequeñas y medianas empresas argentinas considera importante atender el planteo elevado al ministro, a los fines de promover condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible.
