La tensión institucional y gremial en la Municipalidad de Guaymallén escaló fuertemente en las últimas horas de esta semana luego de que el intendente Marcos Calvente ratificara el paquete de ajuste salarial que suspende el pago de un bono adicional de 325.500 pesos y congela los aumentos a más de 2.500 agentes municipales. Frente a este escenario, los sectores sindicales y trabajadores autoconvocados comenzaron a desplegar asambleas y medidas de fuerza en distintas bases de servicios públicos del departamento, cuestionando el impacto de la poda en un contexto inflacionario.
Desde las organizaciones gremiales señalaron que la quita del adicional golpea de lleno a los empleados de ingresos medios y desestimaron el alcance del proyecto enviado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante para reducir un 10% los sueldos de la cúpula política. Ante la falta de acuerdo, los sindicatos definieron otorgar una tregua y advirtieron que aguardarán hasta el próximo martes una propuesta superadora por parte de la administración comunal antes de profundizar las medidas de acción directa. Por su parte, desde el municipio defendieron el esquema de achique argumentando la necesidad de ordenar las cuentas públicas, garantizar los servicios esenciales y proteger únicamente a unos 500 agentes de menores ingresos que continuarán percibiendo el beneficio.
