En el marco de la política de intervención de inmuebles utilizados como aguantaderos, fue demolida una propiedad ubicada en calle Necochea 532/534 de la Ciudad de Mendoza. El lugar había sido intervenido administrativamente en agosto por el Ministerio de Seguridad y Justicia, luego de que distintos relevamientos policiales y técnicos determinaran que representaba un riesgo para la seguridad de la zona.
La actuación se inició a partir de reiteradas intervenciones policiales en el inmueble y sus inmediaciones, donde se habían registrado identificaciones y aprehensiones de personas con medidas judiciales pendientes, procedimientos vinculados con estupefacientes y antecedentes de utilización del predio para ocultar personas y elementos presuntamente provenientes de delitos.
Uno de los informes determinantes fue elaborado el 5 de agosto por la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Capital. Allí se advirtió que la construcción abandonada era utilizada frecuentemente como refugio después de la comisión de hechos delictivos.
A estos antecedentes se sumaron las graves condiciones edilicias y sanitarias. Las inspecciones constataron sectores derrumbados, estructuras con riesgo de colapso, accesos sin cerramientos, acumulación de residuos y presencia de roedores. Además, se verificó que el inmueble no tenía ocupación residencial permanente y era utilizado ocasionalmente para pernoctar.
Frente a esta situación, la ministra Mercedes Rus dispuso, mediante la Resolución 3762 del 19 de agosto, la intervención administrativa preventiva del inmueble y solicitó la participación de las áreas técnicas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para evaluar las medidas necesarias.
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Una política provincial con más de 70 expedientes iniciados para intervenir inmuebles vinculados al delito
La intervención forma parte de una política que Mendoza comenzó a implementar mediante un procedimiento administrativo y que posteriormente quedó consolidada con la sanción de la Ley Antiaguantaderos 9727, aprobada por la Legislatura en septiembre.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad y Justicia ha iniciado más de 70 expedientes y concretado 24 intervenciones, entre demoliciones, tapiados y otras medidas preventivas destinadas a neutralizar inmuebles que representan riesgos para la seguridad pública.
La normativa permite actuar sobre propiedades utilizadas para la comisión, planificación u ocultamiento de delitos, así como sobre construcciones abandonadas o deterioradas que favorezcan actividades ilícitas.
