La problemática principal radica en que el organismo previsional desconoce años de aportes amparándose en el cierre, quiebra o cambio de domicilio fiscal de antiguas empresas contratistas. Esta situación mantiene a trabajadores con décadas de servicio en tareas insalubres varados en un limbo administrativo desde hace casi dos años, sin poder percibir sus haberes previsionales ni recibir un salario.
La dilación en las gestiones —que pasaron de un promedio de seis meses a casi un año y medio— está generando un impacto económico demoledor en las familias afectadas. Los operarios se ven obligados a consumir la totalidad del premio de retiro (13 sueldos estipulados por convenio) únicamente para subsistir, convirtiéndose en desocupados de hecho y sin posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral.
Frente a la falta de respuestas locales, el gremio debió contratar un estudio jurídico en Buenos Aires para pelear por la vía legal el reconocimiento de los aportes y garantizar el acceso al haber correspondiente.
El conflicto deja al descubierto, además, la falta de respaldo institucional en la provincia, donde las gestiones ante el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre no han tenido avances. Este escenario se suma a la constante pérdida de puestos de trabajo y la falta de inversiones en las áreas concesionadas de la cuenca.
Ante este panorama, el sindicato exigió a la ANSES la apertura de un canal de atención directo y una reunión urgente para fijar plazos de resolución, advirtiendo que no descartan profundizar las acciones judiciales e institucionales para resguardar los derechos de sus representados.
