El Departamento General de Irrigación (DGI) le puso punto final a uno de los casos de desmanejo administrativo más resonantes del último tiempo. A través de su Honorable Tribunal Administrativo, el organismo decidió la destitución y la inhabilitación definitiva de Alejandro Currenti, quien se desempeñaba como inspector de cauce del Canal Vertientes Corralitos Unificada, en el departamento de Guaymallén.
La medida disciplinaria no llegó sola: a través de tres expedientes distintos, a Currenti se le impusieron cargos y multas que superan los 28,7 millones de pesos, cifra a la que se le deberán sumar los intereses correspondientes hasta el momento de su efectivo pago.
La investigación, que mantenía al ex funcionario suspendido desde mediados de 2024, sacó a la luz una serie de graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos y los procedimientos administrativos de la Inspección.
Las tres claves de la destitución
El Tribunal comprobó tres hechos fundamentales que motivaron la dura sanción económica y la expulsión de su cargo:
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El "token" del delegado fallecido: El hecho más llamativo y grave de la auditoría fue la comprobación de que Currenti continuó utilizando el dispositivo de seguridad bancaria (token) de Pedro Vicente Pelayes, un delegado de la institución que había fallecido en octubre de 2022. Con ese dispositivo, se siguieron autorizando operaciones y transferencias de la Inspección hasta junio de 2024.
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Viáticos millonarios en medio de deudas: Durante los primeros meses del año 2023, Currenti percibió más de un millón de pesos en concepto de viáticos personales. Esta maniobra se realizó en el mismo período en que la Inspección de Cauce mantenía deudas impositivas y de aportes de la seguridad social con la AFIP, priorizando su cobro por sobre las obligaciones legales del organismo.
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Contrataciones a dedo: La auditoría también detectó un patrón de compras y contrataciones directas a proveedores, esquivando deliberadamente los concursos de precios que exige la normativa para garantizar la transparencia institucional. Además, los comprobantes presentados por estas operaciones exhibían severas desprolijidades administrativas.
Con las resoluciones firmes dictadas ayer, Currenti queda definitivamente apartado del manejo de las aguas y con un millonario revés económico por los perjuicios ocasionados al sistema de riego provincial.

