El Senado de Mendoza aprobó, durante su sesión habitual, el proyecto de Ley de Ciberseguridad remitido por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca establecer un marco normativo integral para fortalecer la protección de los sistemas informáticos y de la información del Estado provincial frente al crecimiento de las amenazas cibernéticas.
Con la aprobación de la Cámara Alta, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados en revisión para continuar con su tratamiento legislativo. La votación resultó con 34 votos afirmativos y 2 negativos.
La propuesta establece políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que puedan afectar los sistemas informáticos, los datos y la infraestructura tecnológica provincial, con especial atención en aquellos recursos considerados críticos para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.
Durante el tratamiento en comisiones la semana pasada, los legisladores analizaron las modificaciones incorporadas al texto original. Entre ellas, se reformuló el artículo 14, estableciendo que la aplicación obligatoria de la norma queda circunscripta al Poder Ejecutivo.
A su vez, el nuevo artículo 40 invita al Poder Legislativo y al Poder Judicial a designar representantes para integrar el Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), con el objetivo de contribuir al desarrollo y ejecución del plan provincial o, en su caso, elaborar sus propios planes siguiendo los principios establecidos por la normativa.
También se incorporó el artículo 39, mediante el cual se invita a los municipios a adherir a los principios rectores y al Plan Provincial de Ciberseguridad, respetando sus respectivas autonomías.
Majul: “Es una continuidad de la política de seguridad de la provincia”
Durante el debate, el senador Néstor Majul destacó que el proyecto representa una continuidad de las políticas de seguridad y modernización tecnológica que Mendoza viene desarrollando durante los últimos años. “Es una continuidad en materia de seguridad, porque venimos desarrollando desde hace 10 años una política sostenida para la provincia de Mendoza, con un plan que se está desarrollando y adecuando a los nuevos desafíos que nos plantea la tecnología”, señaló.
El legislador sostuvo que la transformación digital también modificó el escenario del delito y generó nuevas amenazas que requieren adaptar las herramientas del Estado. “Esta transformación digital también nos hace ir adecuando todo nuestro sistema de seguridad a un posible ciberataque”, afirmó, y remarcó que se trata de una problemática que “ya existe” y frente a la cual el Estado debe estar preparado.
En este sentido, diferenció las políticas vinculadas al ciberdelito de aquellas relacionadas específicamente con la ciberseguridad. Recordó que Mendoza ya cuenta con herramientas para investigar y perseguir delitos cometidos mediante medios digitales, entre ellas fiscalías especializadas, el agente encubierto digital, el allanamiento digital y un laboratorio forense digital que funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia.
“Cuando diferenciamos el ciberdelito de la ciberseguridad, sobre ciberdelito venimos trabajando hace tiempo”, explicó Majul, y señaló que el nuevo proyecto busca avanzar en la protección preventiva de los sistemas del Estado.
La tecnología como herramienta de seguridad
Majul también repasó algunas de las inversiones realizadas por la provincia en materia tecnológica y de seguridad. Mencionó el laboratorio de huella genética, los detectores dactilares móviles y los denominados patrulleros inteligentes.
Según explicó, los detectores dactilares permiten realizar identificaciones de manera inmediata y actualmente se concretan alrededor de 7.000 identificaciones diarias mediante esta tecnología.
También destacó los patrulleros inteligentes, que permiten registrar tecnológicamente los procedimientos y brindar herramientas tanto para el trabajo policial como para garantizar la trazabilidad de las actuaciones.
En este marco, sostuvo que la persecución penal debe avanzar con “rigurosidad científica, trazabilidad, tecnología y capacitación”, y consideró que la ciberseguridad constituye una parte fundamental de ese proceso de modernización.
Un comité para conducir la política de ciberseguridad
Majul destacó además la creación del Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que tendrá a su cargo la autoridad de aplicación de la ley y el control del cumplimiento de las políticas y estándares que se establezcan.
El organismo estará integrado por representantes vinculados a las áreas tecnológicas del Estado y tendrá entre sus funciones la elaboración del Plan Provincial de Ciberseguridad y la definición de estándares de seguridad.
“Creo que es una parte muy complementaria a lo que ya se viene haciendo en materia de modernización del Estado, pero que avanza aún más sobre un tema específico, que es el de la ciberseguridad”, sostuvo.
Para el senador, el proyecto se estructura sobre tres pilares: estructura, orden y claridad, frente a una problemática que, según remarcó, “ya existe” y requiere que el Estado esté preparado para responder rápidamente.
Principales herramientas de la ley
El proyecto crea el Sistema Provincial de Ciberseguridad, destinado a coordinar las políticas públicas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes.
Entre sus principales herramientas se encuentran el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), encargado del monitoreo y detección de eventos, y el Equipo de Respuesta ante Incidentes (CSIRT), que tendrá a su cargo la coordinación de la respuesta, contención, mitigación y recuperación ante incidentes.
También se crea el Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad y un Programa de Divulgación Responsable para que especialistas y ciudadanos puedan reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos mediante canales oficiales.
La normativa establece, además, obligaciones para los organismos alcanzados y para los proveedores tecnológicos del Estado, especialmente en materia de prevención, gestión de riesgos, reporte de incidentes y protección de información.
Protección de infraestructura y datos
Uno de los capítulos centrales está destinado a la Infraestructura Crítica Esencial, que comprende sistemas, plataformas, redes, datos y activos tecnológicos cuya afectación pueda comprometer servicios públicos esenciales o funciones estratégicas del Estado, como salud, educación, justicia, seguridad y hacienda.
Los organismos responsables deberán implementar medidas reforzadas de ciberseguridad, continuidad operativa, recuperación ante desastres, monitoreo, control de accesos y gestión de vulnerabilidades.
El proyecto también establece un régimen de gobierno de datos, que deberá garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y uso legítimo de la información durante todo su ciclo de vida.
Capacitación, concientización y sanciones
La iniciativa incorpora programas de capacitación y concientización para agentes públicos y usuarios de servicios digitales, además de campañas destinadas a la ciudadanía para promover el uso seguro de las tecnologías y la protección de datos personales.
También establece recomendaciones para el sector privado y un régimen progresivo de sanciones ante incumplimientos graves, como no reportar incidentes, ocultar situaciones que puedan afectar servicios públicos o datos personales, obstaculizar auditorías o incumplir medidas de mitigación.
Las sanciones podrán incluir advertencias, intimaciones de adecuación, planes obligatorios de remediación, auditorías técnicas y, en casos de riesgo sistémico, restricciones o suspensión de la interconexión provincial.
Tecnología y Administración Financiera
El proyecto modifica además la Ley Provincial N° 8706 de Administración Financiera para facilitar la adquisición y actualización de herramientas destinadas a la ciberseguridad.
La modificación incluye dentro de un régimen específico la adquisición, contratación, renovación, actualización, ampliación, soporte y mantenimiento de bienes, servicios, licencias, plataformas, infraestructura tecnológica, soluciones de software y servicios profesionales vinculados con la seguridad digital, la continuidad operativa, la respuesta ante incidentes y la recuperación de sistemas críticos. También contempla tecnologías estratégicas aplicadas a la seguridad pública.
Posiciones durante el debate
La propuesta fue acompañada por los senadores oficialistas Jésica Laferte y David Sáez, quienes destacaron la importancia de avanzar en una normativa específica sobre ciberseguridad.
También acompañó el proyecto el senador Ariel Pringles, de La Unión Mendocina.
En tanto, manifestaron su rechazo los senadores Félix González y otros integrantes del bloque Fuerza Patria, quienes plantearon sus objeciones durante el tratamiento en el recinto.
Con la media sanción otorgada por el Senado, el proyecto de Ley de Ciberseguridad continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado para definir su sanción definitiva.
