La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza dio sanción definitiva a la modificación del Código Contravencional impulsada originalmente por el diputado provincial Gustavo Perret, que incrementa las sanciones por arrojar residuos, escombros y sustancias contaminantes en espacios públicos y en la infraestructura hídrica y pluvial de la provincia.
La iniciativa había sido presentada por Perret en 2023. Posteriormente, se incorporaron proyectos de legisladores del oficialismo y la unificación de las distintas propuestas permitió alcanzar una norma de consenso, enriquecida además con aportes de municipios, del Ministerio de Seguridad, de organizaciones de la sociedad civil y de diputados y diputadas de diferentes bloques.
El proyecto original surgió a partir de una problemática advertida tanto por intendentes del sur como del norte provincial. La propuesta buscaba subsanar vacíos que habían quedado luego de la modificación del antiguo Código de Faltas y establecer con claridad la autoridad encargada de intervenir frente a conductas que podían involucrar simultáneamente competencias de organismos nacionales, provinciales y municipales.
A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, será la Justicia Contravencional, a través del juez competente, la encargada de aplicar las severas sanciones previstas para quienes arrojen residuos, escombros o sustancias contaminantes en espacios públicos y cauces de agua. De esta manera, se establece una autoridad concreta para intervenir, determinar responsabilidades, imponer las multas y demás penas correspondientes y exigir la reparación de los daños y el reintegro de los costos ocasionados.
Durante el tratamiento legislativo, Perret valoró que finalmente se avanzara con la propuesta, aunque recordó que podría haberse tratado con anterioridad.
“Este proyecto fue presentado en 2023. Qué oportuno hubiera sido tratarlo en aquel momento, para llegar a esta época, en la que nos enfrentamos a fenómenos climáticos cada vez más complejos, con un sistema plenamente implementado, con la debida difusión y con una ciudadanía informada sobre las precauciones que debe tomar y las sanciones que corresponden”, expresó el legislador.
Sanciones más severas y reparación integral del daño
La reforma incorpora nuevas herramientas para sancionar a quienes arrojen, coloquen o depositen residuos, escombros, malezas, aguas servidas, metales, sustancias o efluentes contaminantes en espacios públicos, plazas, parques, paseos, senderos, alamedas, puentes, acequias, canales, colectores, acueductos, cauces aluvionales, hijuelas, obras de toma y demás componentes de la infraestructura hídrica y pluvial.
Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es que la persona infractora no solo deberá afrontar la multa, el arresto o el trabajo comunitario que corresponda, sino que también tendrá la obligación de reparar el daño causado y reintegrar los gastos generados por la limpieza, el acarreo, la remoción y el traslado de los residuos o materiales depositados indebidamente.
De esta manera, los costos ocasionados por quienes ensucian, contaminan o dañan los espacios públicos y los cauces de agua no deberán ser afrontados exclusivamente por el Estado y, en consecuencia, por el conjunto de la ciudadanía.
La modificación del artículo 127, referido al cuidado de la higiene en lugares públicos, establece multas de entre 1.000 y 2.000 unidades fijas, equivalentes —de acuerdo con los valores considerados durante el tratamiento legislativo— a montos de entre 600.000 y 1.200.000 pesos.
Cuando la conducta se produzca durante una emergencia hidrometeorológica o un estado de catástrofe formalmente declarado, las sanciones se elevarán al doble: pasarán a ser de entre 2.000 y 4.000 unidades fijas, equivalentes a entre 1.200.000 y 2.400.000 pesos.
También se prevén sanciones de arresto de entre 20 y 40 días y la realización de hasta 60 días de trabajos comunitarios de limpieza.
Protección de canales, acequias y drenajes
El nuevo artículo 138 quinquies establece sanciones específicas para quienes arrojen o depositen residuos y otros materiales en la infraestructura hídrica y de drenaje de Mendoza.
En estos casos, las multas serán de entre 1.500 y 3.000 unidades fijas, equivalentes a valores de entre 900.000 y 1.800.000 pesos.
Si la infracción se comete durante una emergencia hidrometeorológica o un estado de catástrofe formalmente declarado, las multas también se duplicarán y podrán alcanzar entre 3.000 y 6.000 unidades fijas, es decir, entre 1.800.000 y 3.600.000 pesos.
La ley contempla además penas de entre 35 y 50 días de arresto y hasta 50 días de trabajo comunitario de limpieza, además de la obligación de reparar los daños y reintegrar los costos ocasionados.
El agravamiento de las sanciones busca desalentar conductas que no solo afectan la higiene y el ambiente, sino que también pueden obstruir el escurrimiento del agua, agravar las consecuencias de tormentas y aluviones y poner en riesgo la integridad de las personas, los animales y los bienes públicos y privados.
Responsabilidad de empresas y personas jurídicas
Otra de las incorporaciones relevantes de la nueva ley es la responsabilidad directa de las personas jurídicas.
Cuando las infracciones previstas en los artículos 127 y 138 quinquies sean cometidas en el marco de actividades desarrolladas en nombre, al amparo, en interés o en beneficio de una empresa, sociedad u otra persona jurídica, esta también podrá ser sancionada.
En estos casos, las multas previstas van de 5.000 a 10.000 unidades fijas, equivalentes —según los valores mencionados durante el tratamiento legislativo— a montos de entre 3.000.000 y 6.000.000 de pesos.
Estas penas podrán aplicarse sin perjuicio de otras sanciones accesorias que correspondan, como el decomiso de elementos, la clausura o la inhabilitación.
Esta incorporación permite avanzar no solo contra la persona que materialmente arroja los residuos, sino también contra las empresas u organizaciones que se beneficien con la conducta infractora o bajo cuya responsabilidad se haya cometido.
Las multas serán destinadas a los bomberos voluntarios
La ley establece además una afectación específica de los recursos recaudados a partir de estas sanciones.
Los montos provenientes de las multas aplicadas por las contravenciones previstas en los artículos 74, 127, 132, 133, 134, 135 y 138 del Código Contravencional deberán ser destinados y distribuidos anualmente entre las asociaciones de bomberos voluntarios que cuenten con el correspondiente certificado de operatividad, conforme a los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
Los artículos alcanzados comprenden infracciones relacionadas con la higiene en lugares públicos, los incendios, el fuego, el humo, la utilización y el suministro de pirotecnia y las conductas que afectan la infraestructura hídrica y de drenaje.
De este modo, lo recaudado por estas sanciones permitirá fortalecer a las instituciones que cumplen una tarea esencial en la prevención y atención de incendios, emergencias, accidentes y contingencias climáticas en toda la provincia.
Con la sanción definitiva otorgada por el Senado, una iniciativa que Gustavo Perret presentó por primera vez en 2023 se convierte finalmente en ley, incorporando al Código Contravencional de Mendoza herramientas más severas para sancionar estas conductas, exigir la reparación de los daños ocasionados y proteger los espacios públicos y la infraestructura hídrica de la provincia.

