La iniciativa de la diputada provincial busca frenar el avance de enfermedades criptogámicas en los cultivos mediante la entrega gratuita de insumos, pulverizaciones y herramientas financieras para resguardar a las economías regionales.
Las frecuentes precipitaciones y los altos niveles de humedad registrados en las últimas semanas, impulsados por el fenómeno climático de “El Niño”, encendieron las alarmas en el sector agropecuario de Mendoza.
Ante el riesgo inminente de que se desaten epidemias de enfermedades criptogámicas —como el mildiu de la vid, el oídio, diversas podredumbres y la sarna en los frutales—, la diputada provincial Gabriela Lizana presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Fitosanitaria y Productiva en todas las explotaciones agrícolas bajo riego de la provincia.
La medida apunta a dar una respuesta urgente a un escenario que ya golpea con dureza a distintas regiones, replicando situaciones críticas como la declarada recientemente a nivel local en el departamento de San Carlos.
Logística probada y asistencia integral en territorio
El núcleo central de la propuesta legislativa contempla la creación del Programa de Asistencia Fitosanitaria de Emergencia El Niño, cuya operatividad recaerá en el ISCAMEN. Para garantizar una llegada rápida y eficiente a los afectados, el proyecto prevé aprovechar la infraestructura, el padrón y los canales de distribución ya consolidados en la lucha contra la Lobesia botrana.
De este modo, se instrumentará la entrega gratuita de fungicidas de acción sistémica y curativa, complementada con servicios de pulverización mediante drones, aeronaves y equipos terrestres.
📰 Otras notas:
Asimismo, la asistencia contempla la implementación de un sistema de alerta temprana agrometeorológica, capacitaciones específicas en manejo de canopia y la intervención directa del Estado en fincas abandonadas o semiabandonadas que hoy funcionan como focos de infección para los campos vecinos.
Prioridad social y herramientas financieras para sostener al sector
Con el objetivo de que los recursos estatales lleguen a quienes más lo necesitan, la norma establece un esquema de prioridades que coloca en primer lugar a los pequeños productores con explotaciones de hasta 30 hectáreas y a los agricultores familiares registrados.
El texto también contempla Aportes No Reembolsables (ANR) para aquellos establecimientos que hayan sufrido daños superiores al 50%, líneas de crédito a tasa subsidiada gestionadas a través del Fondo de Transformación y Crecimiento (FTyC), y alivios fiscales que incluyen la exención o diferimiento en el pago del Impuesto Inmobiliario y del canon de riego.
Corregir vacíos normativos para proteger al productor
Uno de los aspectos clave del proyecto es la modificación de la Ley Provincial Nº 9083. Si bien dicha normativa contempla las contingencias biológicas, sus artículos operativos se encontraban históricamente acotados a eventos climáticos tradicionales como heladas o granizo, generando un vacío legal para las crisis sanitarias extraordinarias.
La iniciativa impulsada por Lizana subsana esta incoherencia y, además, flexibiliza el requisito de imprevisibilidad para aquellos productores que demuestren haber actuado con la debida diligencia sanitaria, evitando que los avisos previos de un fenómeno meteorológico se utilicen como un argumento burocrático para negarles el acceso a la asistencia y contención del Estado.
