La medida anunciada recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo, para destinar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES al financiamiento de créditos hipotecarios, desató un enérgico y contundente rechazo en el sector previsional.
Desde la provincia de Mendoza, la organización de jubilados y pensionados JUBYPEN alzó su voz a través de un comunicado formal, manifestando una “profunda preocupación por el cambio de rumbo en el manejo de los fondos que respaldan el sistema previsional público argentino”.
Bajo la fachada de una política orientada a facilitar el acceso a la vivienda, la entidad advierte que “la verdadera finalidad de esta iniciativa es desviar recursos clave hacia el sector financiero privado y el negocio inmobiliario”.
Según señalan desde la organización, presentar la medida como una oportunidad social no logra ocultar la utilización desvirtuada de capitales que pertenecen legítimamente a los trabajadores y jubilados del país, favoreciendo la rentabilidad bancaria por encima del bienestar social.
“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene por misión central actuar como un resguardo anticíclico que asegure el pago regular de jubilaciones y pensiones frente a eventuales crisis o reducciones en la recaudación fiscal”, explicaron.
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En este contexto, JUBYPEN tildó de inadmisible que el Gobierno nacional anuncie licitaciones por 2 billones de pesos pertenecientes al FGS para créditos de vivienda, mientras millones de adultos mayores afrontan haberes insuficientes para cubrir sus necesidades elementales de alimentación y medicamentos.
Si bien la agrupación remarcó que no se opone al derecho constitucional de acceso a la vivienda digna, subrayó firmemente que “este no debe ser financiado afectando el patrimonio previsional ni desvirtuando su función de respaldo”.
A su juicio, la propuesta oficial representa un ajuste regresivo que recae sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras crea nuevas y lucrativas oportunidades de negocio para las entidades financieras que intermediarán en las operaciones.
Finalmente, calificada como una decisión inconstitucional e inmoral, los representantes de los jubilados exigieron la inmediata preservación del FGS para los fines que fue originariamente creado. Sostienen que la prioridad absoluta del Estado debe ser el fortalecimiento de la seguridad social y la garantía de haberes dignos para quienes dedicaron toda una vida al trabajo, concluyendo que defender el resguardo de estos recursos equivale a defender el derecho a vivir con dignidad.
