La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio sanción final a la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre San Romeleo, ubicado en el departamento de Malargüe. Sólo el bloque LUM, votó de manera negativa.
El proyecto corresponde a LABSA S.A. y es operado por AREX MINING S.A., que solicitó autorización para reactivar el emprendimiento minero. Según los antecedentes incorporados al expediente, la Dirección de Minería categorizó la iniciativa como una mina a reactivar, con una planta de beneficio proyectada que por superar una capacidad de 80.000 toneladas anuales, debe tramitar conforme a las previsiones de la etapa V del procedimiento establecido en el Decreto N.º 820/06.
Participación ciudadana y evaluación interdisciplinaria
Según los fundamentos del proyecto, se incorporaron dictámenes técnicos y sectoriales, observaciones y recomendaciones de organismos competentes, así como respuestas y documentación complementaria presentada por la empresa.
El procedimiento incluyó tres talleres participativos, dos organizados por la Autoridad Ambiental Minera en modalidad virtual y uno por la empresa. También se realizó una audiencia pública el 6 de diciembre de 2025, en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe.
Además, intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por organismos e instituciones como el INTA, la Municipalidad de Malargüe, el CONICET Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, el Departamento General de Irrigación y distintas dependencias provinciales, entre otros. Esta instancia concluyó con la emisión de un informe final que reunió las conclusiones y recomendaciones sobre el Informe de Impacto Ambiental evaluado.
Además, participaron áreas provinciales vinculadas con la protección de áreas naturales, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.
En relación con el procedimiento de consulta a comunidades indígenas, los fundamentos incorporaron un informe actualizado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), del que surge que el proyecto no presenta superposición territorial con comunidades indígenas registradas, relevadas o identificadas por ese organismo.
San Romeleo se encuentra a unos 160 kilómetros, en línea recta, del kilómetro 0 de la ciudad de Malargüe; a 20 kilómetros del río Grande; a 2,5 kilómetros de la Reserva de La Payunia; a 65 kilómetros del río Colorado; a 108 kilómetros de la laguna Llancanelo y a 153 kilómetros del río Salado.
Controles ambientales
Entre las exigencias previstas se encuentra la acreditación de la línea de base ambiental antes del inicio de actividades, un protocolo de rescate y protección de fauna, la contratación previa de un seguro de recomposición ambiental y la medición obligatoria de la huella de carbono.
También se establece la fiscalización por parte de la Policía Ambiental Minera y una serie de controles vinculados con el recurso hídrico. Antes de cualquier movimiento de suelo, la empresa deberá contar con los permisos y el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación, además de implementar sistemas de aforo continuo y telemedición.
De igual forma, la DIA contempla pruebas de estanqueidad e impermeabilización en piletas y escombreras, sistemas de contención secundaria y estudios geoquímicos destinados a descartar riesgos de lixiviación o movilidad de metales.
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Durante las distintas etapas se prevén controles sobre la calidad del agua superficial y subterránea, material particulado, ruidos y residuos, además de medidas vinculadas con la protección de los cielos de Malargüe y planes de contingencia sujetos a revisión.
Los controles también alcanzarán las etapas de cierre y post cierre, con un plan de recuperación ambiental que deberá ser aprobado anticipadamente y garantías financieras específicas. El monitoreo continuará hasta que la autoridad ambiental minera determine que el sitio presenta condiciones de seguridad adecuadas.
Además, los proyectos mineros deberán actualizar sus estudios de impacto ambiental cada dos años y cualquier modificación vinculada con infraestructura o procedimientos deberá ser comunicada a la autoridad ambiental minera para su evaluación.
Debate
Leonardo Mastrángelo (UCR), afirmó que “es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de una explotación de cobre que se realizará en el departamento de Malargüe, del cual se obtiene después óxido de cobre y sirve para lograr el sulfato de cobre, un producto muy necesario para la agricultura, principalmente para la vitivinicultura. La explotación minera es muy necesaria también para otras industrias de Mendoza”.
El diputado explicó el procedimiento llevado adelante previo a esta DIA, los informes técnicos específicos, las audiencias públicas, así como cada capítulo de la Declaración de Impacto Ambiental. Resaltó que “la ciudadanía puede controlar, fiscalizar el proceso de manera pública” y subrayó la amplia participación que tuvo la consulta pública previa que se hizo del proyecto.
Para finalizar, mencionó el respaldo de distintas instituciones a los procedimientos realizados en torno a esta DIA, y destacó que en materia de control por parte de la ciudadanía “Mendoza es la única provincia que tiene este sistema de vanguardia y actualizado a nivel nacional”.
A su turno, el diputado Jorge Difonso (LUM) adelantó el voto negativo de su espacio al proyecto y sostuvo que es por “la falta el inventario cartográfico de amenazas naturales y antrópicas del lugar; la generación de un índice de riesgos que contemple la peligrosidad como la vulnerabilidad social; la prevención de riesgos y desastres; y el proyecto pedagógico para la reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos”.
En tanto, Stella Huczack (PRO) anticipó el voto positivo de su bloque. Destacó la participación ciudadana, los talleres que se realizaron y la audiencia pública; además de que el proyecto “cumple con la Ley 7722”. “En la audiencia pública participaron 237 personas y tuvo 75 oradores, creo que eso es muy importante para la redacción y para el desarrollo de este proyecto”, expresó.
Por otro lado recalcó que si esta cantera logra un funcionamiento adecuado, “la provincia podría dejar de importar el 75% del sulfato que utilizamos”, lo cual “es un avance muy importante para nuestra economía”.
Por su parte, Gustavo Perret (PJ) adelantó el voto positivo de su espacio e indicó que “es un proyecto que es necesario”. Por otro lado cuestionó que para una cantera, que funciona de manera muy similar a una cantera de ripio, donde se extrae material, y se procesa en otro lado, y no tiene ningún proceso químico, “se genere una DIA con todos los informes y los gastos que representa. Nos debemos una revisión”.
Finalmente, el diputado Lucas Ilardo (FP) sostuvo que se acompaña afirmativamente el proyecto. Mostró coincidencias con lo expresado por los diputados preopinantes y subrayó que “se trabajó mucho en el Senado, y fueron incorporadas las propuestas que realizamos”.
