El diputado provincial Germán Gómez (Partido Justicialista) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe a la Cámara de Diputados todo lo relativo a la decisión de vender el ciento por ciento del paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) y a la licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, dispuesta por el Decreto 1436/2026. El pedido se dirige al Ministerio de Energía y Ambiente y a la Empresa Mendocina de Energía S.A.P.E.M. (EMESA).
El eje del planteo es jurídico. Según el texto, la Ley 9.486 —sancionada por la Legislatura para crear la sociedad— ordenó en su artículo 1°, inciso b), componer el capital en dos clases de acciones: la Clase A con el 51% y la Clase B con el 49%, ambas con representación en el Directorio y en la Comisión Fiscalizadora. El proyecto reconoce que el artículo 7° habilitó a licitar al menos el 51%, pero sostiene que ese piso no autoriza a suprimir el diseño societario que la norma mandó conservar.
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"Vender la totalidad a un solo comprador torna inaplicable la estructura de dos clases que la ley mandó conservar", plantea el escrito, que aclara que el problema no es de transparencia —el decreto expone abiertamente el alcance de la operación y la somete a ratificación legislativa— sino de fondo.
El pedido de informes enumera once puntos. Entre ellos, la valuación técnica y económica del complejo y del paquete accionario, el precio base fijado, la metodología aplicada y el organismo o consultora que la elaboró; copia del Decreto 1436/2026, sus anexos, el pliego de bases y condiciones, el Data Room y las intervenciones de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado; y el modelo de contrato de concesión a suscribir con el adjudicatario, con detalle de las obligaciones de inversión, mantenimiento, seguridad de presas y manejo de aguas.
También reclama precisiones sobre las inversiones que el pliego impone para rehabilitar las centrales Nihuil II y III y modernizar el complejo, con plazos, montos estimados, garantías y penalidades; y si se evaluó repararlas antes de licitar o cuáles fueron las razones para sacar el activo al mercado en su estado actual.
Sobre ese punto, el proyecto marca lo que llama un problema de oportunidad: el aluvión de enero de 2025 dejó fuera de servicio a Nihuil II y III y la situación persiste. Vender la sociedad con el activo golpeado y sin que se conozcan la valuación ni el precio base, sostiene el texto, obliga a preguntarse si se está protegiendo el valor real del patrimonio.
Otro capítulo apunta al lugar de la Legislatura en el proceso. El escrito señala que la representación provincial en la comisión que evaluará las ofertas quedó en manos exclusivas del Ejecutivo, pese a que la venta recién queda firme con la ratificación legislativa. El artículo 3° del proyecto exhorta al Gobierno a dar intervención a la Cámara con antelación al acto de adjudicación y a remitir el expediente a la Comisión de Energía.
La comparación que utiliza el diputado es con el propio decreto: su artículo 4° dispuso que todo acto del Estado Nacional en el procedimiento requiere la conformidad previa de Mendoza, bajo pena de inoponibilidad, y que la Provincia tendrá representación en todas las etapas. Si ese recaudo se juzgó indispensable frente a la Nación, argumenta, con igual razón corresponde asegurar la intervención de la Legislatura.
El informe solicitado incluye además el destino de los fondos de la venta —que conforme al artículo 11 del decreto se depositarán en su totalidad en una cuenta de EMESA— y sus mecanismos de control y rendición; si el pliego contempla la promoción de la inversión mendocina; cómo recepta la prohibición del artículo 3° de la Ley 9.486, que veda aumentar la potencia instalada del sistema por el litigio con La Pampa por el caudal del Atuel; y el cronograma del procedimiento, con fechas de presentación y apertura de ofertas, evaluación y adjudicación.
El contexto de la semana
El Decreto provincial 1436, fechado el 23 de julio, se publicó el martes en el Boletín Oficial de Mendoza, junto con la norma del Poder Ejecutivo Nacional difundida en el Boletín Oficial de la Nación. La convocatoria contempla dos componentes inseparables: la Provincia transfiere el 100% del paquete accionario de HEMSA y el Estado nacional otorga la concesión de generación eléctrica en el marco de la Ley 15.336, de modo que la adjudicación solo queda perfeccionada cuando ambas jurisdicciones coincidan en el mismo oferente y la Legislatura ratifique la venta. El complejo, integrado por cuatro centrales sobre el río Atuel, tiene una potencia instalada cercana a los 290 MW y abastece principalmente la demanda del sur mendocino.Mientras dure el proceso, HEMSA asumió la operación del sistema como continuadora de HINISA para Nihuil I, II y III, y de EMESA S.A.P.E.M. para Nihuil IV, en una gestión transitoria que se extenderá como máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el adjudicatario tome posesión.
El gobernador Alfredo Cornejo viajó el viernes al Sur provincial para concretar la toma de control del complejo.
El proyecto de Gómez no es el único planteo opositor de la semana. Los senadores Félix González y Omar Parisi (Fuerza Patria) presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle el estado del proceso licitatorio y explique el cumplimiento de la Ley 9.630, que establecía la obligación de remitir informes trimestrales a la Legislatura. A eso se sumó el diputado Jorge Difonso (La Unión Mendocina), que cuestionó la pérdida de control provincial sobre un activo estratégico y la falta de información oficial sobre las dos centrales fuera de servicio. El presidente del PJ mendocino, Emir Félix, señaló que el partido todavía no fijará postura definitiva y que primero espera las respuestas a los pedidos de informe presentados por sus legisladores.

