La iniciativa impulsa un Código Procesal Penal Juvenil propio compuesto por más de 110 artículos, reordena la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y reorganiza el fuero judicial especializado.
Con la entrada en vigencia del marco nacional fijada para el próximo 5 de septiembre, las autoridades aclararon que los adolescentes de esa franja etaria que cometan delitos serán investigados bajo el nuevo régimen de forma inmediata, independientemente de los tiempos del debate legislativo provincial.
El nuevo esquema concibe al adolescente como un sujeto de derechos y responsabilidades, estableciendo procedimientos diferenciados respecto de los adultos y priorizando las medidas alternativas al encierro.
La propuesta introduce la figura del Supervisor Especializado para el seguimiento personalizado de cada caso, incorpora la justicia restaurativa y dispone que la privación de la libertad sea excepcional, aplicable en establecimientos exclusivos separados de los adultos.
Asimismo, se fijan ejes obligatorios en la educación, el aprendizaje de oficios y la intervención del Ministerio de Educación para cortar las trayectorias delictivas y garantizar la reinserción social.
📰 Otras notas:
- Mendoza en alerta meteorológica: Zonda, lluvias y un brusco descenso de temperatura marcarán los próximos días
- Ulpiano Suarez entregó las distinciones a los “Padres Destacados 2026”
- Camioneros exige la presencia del Gobierno en la negociación por los 120 puestos de trabajo en riesgo en el petróleo
- Mendoza se prepara ante el escenario climático de El Niño con un plan integral de prevención y alerta temprana
De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo, durante el último año se registraron 511 jóvenes de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley, de los cuales el 91% permaneció bajo medidas alternativas y solo 46 sufrieron privación de la libertad.
A partir del nuevo piso de imputabilidad de 14 años y basándose en delitos de baja violencia registrados en ese rango (principalmente hurtos y lesiones), las autoridades prevén que la cantidad de menores internados en centros especializados podría incrementarse hasta en un 30%, manteniéndose la tasa actual de reincidencia entre el 20% y el 40%.
Para respaldar la reforma, la provincia fue la primera del país en firmar un convenio de asistencia técnica, capacitación y seguimiento digital con el Ministerio de Justicia de la Nación.
En cuanto a la sustentabilidad del sistema, el Ejecutivo avanza en la readecuación de partidas presupuestarias provinciales de cara a los próximos periodos fiscales y en las gestiones correspondientes ante la Nación.
Tras tomar estado parlamentario, la iniciativa comenzará su debate en comisiones con la participación de especialistas del sector judicial y social.
