Organizaciones proteccionistas, activistas y vecinos autoconvocados se movilizaron durante la tarde de este miércoles 26 de agosto en el centro de Mendoza, para exigir un endurecimiento en las penas contra el maltrato y la crueldad hacia los animales. La concentración, que inició a las 17:30 horas, formó parte de una protesta coordinada a nivel nacional que busca presionar al Congreso para que modifique la legislación vigente y garantice castigos efectivos para los agresores.
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El reclamo central de la jornada apuntó a la necesidad de actualizar la Ley 14.346, una normativa que rige desde 1954 y que, según denuncian los manifestantes, quedó completamente obsoleta frente a los estándares actuales que reconocen a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho. Entre los puntos más exigidos se destacaron el pedido de prisión efectiva para quienes cometan delitos de crueldad, la inhabilitación permanente para la tenencia de animales y la creación de registros oficiales para los maltratadores.
En la provincia, la movilización cobró un impulso particular debido a un caso que generó fuerte indignación social durante los últimos días. Se trata del exempleado de la Municipalidad de Guaymallén que fue desvinculado de su cargo tras ser denunciado por fracturarle el cráneo a golpes a su perra, Rufina. El hombre enfrenta ahora una causa penal que podría derivar en su imputación en las próximas horas, un hecho que reavivó el debate local sobre la urgencia de aplicar medidas judiciales más severas, como la prohibición de tener mascotas y la obligación de someterse a asistencia en salud mental.
El objetivo de las agrupaciones mendocinas, en sintonía con las de otras provincias, es terminar con la impunidad que permite a los agresores recuperar rápidamente la libertad tras cometer actos de violencia, buscando que el Estado y la Justicia reflejen un verdadero compromiso con la protección animal.
