El gobernador Alfredo Cornejo firmó el 26 de mayo el decreto que aprueba el modelo de contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 85 millones de dólares para financiar el "Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud de la Provincia de Mendoza". La operación quedó publicada en el Boletín Oficial este jueves.
El crédito, identificado por el BID como proyecto AR-L1421, fue aprobado por el directorio ejecutivo del banco el 29 de abril pasado.
Los términos financieros que establece el contrato son: plazo de desembolso de cuatro años desde la entrada en vigencia del acuerdo, amortización en 25 años, y tasa de interés variable compuesta por la tasa SOFR más un spread adicional —la misma referencia que reemplazó al LIBOR en los mercados internacionales.
La Provincia ya tenía autorización legislativa para tomar esta deuda: la Ley 9650 habilitó al Poder Ejecutivo a endeudarse con organismos multilaterales por exactamente ese monto, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo que firmó Cornejo esta semana es el modelo concreto del contrato, con todos sus términos.
El decreto lleva la firma de Cornejo y de los ministros Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Rodolfo Montero (Salud y Deportes).
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Según los considerandos, el propio Gobernador le pidió al Ministerio de Economía de la Nación que priorizara la gestión del endeudamiento provincial, lo que implica que el préstamo requiere garantía soberana nacional.
Antes de recibir el primer desembolso, la Provincia deberá cumplir tres condiciones previas: aprobar el Reglamento Operativo del Proyecto, crear una Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) con su director designado, y suscribir un convenio entre Hacienda y Salud que delimite las responsabilidades de cada cartera en la ejecución.
Hacienda evaluó la operación como "financieramente conveniente" porque la tasa del BID resulta más competitiva que las disponibles para Mendoza en los mercados de capitales local e internacional, contexto en el que el riesgo país encarece el financiamiento privado.
El organismo de crédito exigirá informes semestrales de avance, un plan operativo anual y visitas de inspección conjuntas trimestrales.
Lo que el decreto no especifica —y que habría que consultar con el Ministerio de Salud— es en qué sistemas concretos se invertirán los 85 millones: qué hospitales, qué plataformas, qué cronograma de implementación.
