El gobierno de Mendoza formalizó esta semana los contratos para tomar un préstamo de U$S 85.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a digitalizar su sistema público de salud. El Directorio Ejecutivo del BID aprobó la operación el 15 de abril de 2026, y el gobernador Alfredo Cornejo firmó los contratos de garantía el 22 de junio. El Decreto 1215/2026, con los modelos contractuales como anexos, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial provincial.
El dinero no es un gasto en infraestructura edilicia ni en contratación de personal. Va dirigido a resolver un problema concreto que el propio BID diagnosticó: el sistema de salud mendocino gasta bien pero rinde por debajo de su potencial porque sus partes no se comunican entre sí. Los centros de atención primaria, los laboratorios, los hospitales y los servicios de diagnóstico operan como islas. Un paciente que pasa por varios de ellos tiene que repetir estudios, explicar su historia y esperar derivaciones que se pierden en el camino.
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Qué se va a hacer con el dinero
El préstamo se distribuye en cuatro bloques. El más grande —U$S 37,6 millones— va a infraestructura y equipamiento: cableado, conectividad a internet, servidores, computadoras, dispositivos móviles y paneles solares en todos los centros de atención primaria y hospitales públicos de la provincia. Hoy hay establecimientos, especialmente en zonas alejadas, que no tienen conexión confiable o no tienen las máquinas necesarias para operar sistemas digitales.
El segundo bloque —U$S 29,4 millones— es el núcleo del proyecto: fortalecer la Historia de Salud Integral (HSI), que es la historia clínica electrónica que ya usan diez provincias argentinas, y crear un Portal del Paciente donde cada ciudadano pueda ver su propio expediente médico. También incluye digitalizar áreas que hoy siguen en papel o en sistemas aislados: laboratorio, farmacia, imágenes médicas, quirófanos y camas. Y automatizar la dispensa de medicamentos en farmacias hospitalarias para reducir errores y pérdidas.
El tercer bloque —U$S 7,4 millones— es capacitación: el personal sanitario, técnico y administrativo recibirá formación en competencias digitales. Sin esto, el equipamiento no sirve.
El cuarto bloque —U$S 9,1 millones— es interoperabilidad y ciberseguridad: una plataforma que conecte el sistema público con el privado, tableros de datos en tiempo real para que los gestores del sistema de salud puedan tomar decisiones con información actualizada, y protocolos de seguridad para proteger los datos clínicos. El proyecto reconoce explícitamente que digitalizar sin proteger los datos es un riesgo alto, dado lo sensible de la información médica.
El resto —U$S 1,5 millones— cubre administración, auditoría y evaluación del proyecto. El plazo de ejecución es cuatro años.
A quiénes llega
El BID estima que el proyecto beneficiará directamente a más de 1,2 millones de personas. Alrededor del 67% son mendocinos que dependen exclusivamente de la salud pública. El 33% restante tiene obra social o prepaga pero igual usa los hospitales y centros provinciales para determinadas prestaciones.
Los números de partida no son alentadores. La mortalidad infantil en Mendoza subió de 5,5 por cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 7,5 en 2024. Solo el 4,1% de los hipertensos con cobertura pública exclusiva tiene la presión arterial controlada, cuando la meta internacional es al menos el 50%. La tasa de mortalidad por cáncer de mama es más alta en Mendoza que el promedio nacional. El diagnóstico del BID señala que estos resultados no se explican únicamente por falta de recursos sino por fragmentación del sistema: la información no circula, las derivaciones se pierden, los pacientes caen entre las grietas.
La estructura financiera y lo que garantiza Mendoza
El esquema tiene tres eslabones. El BID le presta a Mendoza. La República Argentina garantiza ese préstamo ante el BID —si Mendoza no paga, la Nación responde. Y Mendoza, a su vez, contragarantiza a la Nación: en el Contrato de Contragarantía aprobado por el Decreto 1215/26, la Provincia autoriza de manera irrevocable al Estado nacional a instruir al Banco de la Nación Argentina para que retenga fondos de coparticipación federal hasta cubrir cualquier deuda impaga. Es el mecanismo estándar en el endeudamiento provincial argentino, pero significa que un incumplimiento afectaría directamente los recursos con que la provincia paga salarios y servicios.
