El diputado provincial del Partido Justicialista Gustavo Perret presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Salud Mental y Prevención del Suicidio en las Fuerzas de Seguridad de Mendoza. La iniciativa propone un abordaje específico para el personal policial, diferenciado de los programas generales de salud mental que ya existen en la provincia.
El proyecto parte de un dato concreto: "durante 2025 se registraron más de 4.000 licencias por razones de salud mental en el ámbito policial mendocino, y más de 250 efectivos estuvieron bajo tratamiento especializado —con seguimiento psicológico, psiquiátrico y restricciones operativas—, según información oficial obtenida a partir de pedidos de informes al Ministerio de Seguridad".
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El proyecto sostiene que las estrategias actuales, basadas principalmente en licencias y controles médicos individuales, resultan insuficientes para prevenir situaciones de riesgo. Además, señala que la disponibilidad permanente de armas reglamentarias representa un factor de vulnerabilidad adicional que requiere protocolos diferenciados.
Entre los ejes centrales de la propuesta figuran la creación de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales; evaluaciones periódicas obligatorias para todo el personal, con controles de mayor frecuencia para quienes portan armas reglamentarias; dispositivos de atención confidenciales y permanentes; y programas de capacitación dirigidos especialmente a mandos medios y superiores.
La iniciativa también prevé un sistema de registro y monitoreo de la salud mental en las fuerzas, integrado al sistema de información del Ministerio de Salud, con garantías de confidencialidad de los datos. El financiamiento contempla partidas del Ministerio de Seguridad, aportes de OSEP, recursos de la Sanidad Policial de Mendoza y fondos provenientes de la Ley 9534, que destina el 25% de lo recaudado por el impuesto a los Ingresos Brutos sobre juegos de azar y casinos a políticas de salud mental y adicciones.
En los fundamentos, Perret subraya que la cultura organizacional de las fuerzas de seguridad —basada en lógicas de disciplina y autosuficiencia— puede operar como una barrera para que los efectivos busquen ayuda, generando situaciones de subregistro. El proyecto apunta a modificar ese paradigma institucional.
La Autoridad de Aplicación sería el Ministerio de Seguridad, en articulación con el Ministerio de Salud, la Sanidad Policial, OSEP y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El Poder Ejecutivo tendría 90 días desde la promulgación para reglamentar la ley.
