La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este martes al proyecto que modifica el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías. La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y pasa ahora al Senado para su tratamiento definitivo.
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Para Mendoza, el impacto es concreto: once departamentos que habían ingresado al régimen con la ampliación de 2021 quedarían fuera del beneficio universal. Se trata de la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. El único municipio mendocino que conservaría el descuento automático del 50% en la tarifa es Malargüe, contemplado desde el régimen original sancionado en 2002. Esos usuarios perderían el descuento automático y solo podrían acceder a una reducción del 30% si acreditan vulnerabilidad económica.
Mapa actual de zonas frias
El esquema vigente hasta ahora había sido establecido por la Ley 27.637, sancionada en 2021 a impulso de Máximo Kirchner, que extendió descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas a más de tres millones de hogares en regiones con bajas temperaturas o condiciones climáticas adversas.
El diputado mendocino Facundo Correa Llano (LLA), quien actuó como miembro informante del dictamen de mayoría, defendió el nuevo esquema al plantear que focalizar no equivale a ajustar, sino a garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. Según su argumentación, el proyecto no elimina el régimen de zona fría sino que corrige lo que calificó como una expansión irresponsable.
De los diez diputados nacionales mendocinos presentes en la sesión, ocho votaron a favor: Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio (LLA), Luis Petri (LLA), Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR), y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas). Los únicos votos en contra vinieron de los legisladores de Unión por la Patria Martín Aveiro y Emir Félix.
La oposición a nivel nacional cuestionó el alcance de los recortes. El diputado Juan Pablo Luque (UxP) advirtió que la modificación implica un retroceso al federalismo y que las provincias productoras de energía serán las más perjudicadas. Néstor Pitrola (FIT) fue más directo: estimó que alrededor de 3,35 millones de hogares perderían el beneficio si la norma se convierte en ley. Desde Encuentro Federal, Nicolás Massot señaló que hubiera sido más razonable establecer criterios graduados según la temperatura real de cada zona, y no solo el perfil socioeconómico del usuario.
El proyecto pasa ahora al Senado, donde deberá ser debatido antes de su eventual promulgación.

