El gobierno nacional eliminó el sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos que están obligadas a otorgar a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte.
El derecho a la gratuidad en el transporte público, reconocido por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, no fue derogado: las empresas siguen obligadas a entregar esos pasajes sin costo. Lo que desaparece es la compensación que el Estado les pagaba parcialmente por ese gasto desde 2018.
📰 Otras notas:
El argumento oficial es que ese régimen compensatorio nació en un contexto de tarifas reguladas, cuando las empresas no podían fijar libremente sus precios. Desde octubre de 2024, el decreto 883 estableció la libertad tarifaria en el transporte interurbano, y la Secretaría de Transporte considera que las compañías están ahora en condiciones de absorber el costo de los pasajes gratuitos dentro de su propia estructura de precios, sin necesidad de resarcimiento estatal.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó a cargo de garantizar que las empresas sigan emitiendo esos pasajes conforme a la ley.
El impacto en el interior del país
La medida no es abstracta para miles de familias mendocinas. El sistema de pasajes gratuitos es una herramienta cotidiana para pacientes que deben trasladarse desde Mendoza a Buenos Aires, Córdoba o Rosario para recibir tratamientos médicos que no están disponibles en la provincia: quimioterapias, controles post-trasplante, cirugías de alta complejidad.
Imagen ilustrativa
Para esos pacientes y sus acompañantes, el pasaje gratuito no es un beneficio accesorio sino, en muchos casos, la única forma de llegar. Un boleto de ómnibus de Mendoza a Buenos Aires puede superar los cien mil pesos en temporada alta, un gasto imposible de sostener en forma regular para una familia que ya carga con los costos de una enfermedad grave.
El riesgo concreto que plantea la medida es que, al eliminar la compensación estatal, las empresas trasladen ese costo al precio general de los pasajes, encareciendo el transporte para todos, o bien comiencen a restringir o dificultar en la práctica la entrega de los boletos gratuitos a los que la ley les obliga.
El gobierno asegura que el derecho permanece intacto. Lo que queda por verse es si las empresas, ahora sin respaldo económico del Estado, lo honrarán con la misma disposición.
