La diputada provincial Gabriela Lizana volvió a poner sobre la mesa la necesidad de transparentar las condiciones de funcionamiento y el esquema de cobro del escáner de camiones y cargas instalado en el Puerto Seco de Mendoza.
En agosto pasado, la legisladora presentó los expedientes E-88347 y E-88403, a través de los cuales solicitó información detallada sobre la adquisición y operación del equipamiento, las autorizaciones correspondientes y el cargo denominado “Verificación C. RX”, cuyo valor fue fijado en USD 330 por operación.
Sin embargo, ambas iniciativas continúan paralizadas en las comisiones legislativas.
“Estamos hablando de un costo que incide directamente en la competitividad de las empresas mendocinas que exportan e importan. Lo que pedimos es muy concreto: saber quién autorizó ese cobro, en qué norma se fundamenta y cómo se determinó la cifra de 330 dólares”, enfatizó Lizana.
Antecedentes y debate normativo
La diputada destacó además que el Senado provincial aprobó el pasado 6 de octubre la Resolución N.º 401, la cual solicita evaluar la habilitación del Circuito Operativo Mendoza–Uspallata–Libertadores y contempla la incorporación del escáner de Puerto Seco.
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“Es fundamental mejorar los controles aduaneros, agilizar el comercio con Chile y reducir los tiempos de espera. Sin embargo, esta modernización debe ir acompañada de absoluta transparencia en los costos que afrontan nuestros operadores de comercio exterior”, señaló.
Ante este panorama, Lizana solicitó que las comisiones de Economía y de Legislación y Asuntos Constitucionales activen el tratamiento de los proyectos. Asimismo, propuso convocar a una reunión informativa con autoridades del Ministerio de Producción, del IDITS, representantes de la ARCA y actores del sector logístico y de comercio exterior.
“Necesitamos determinar si estamos ante un servicio logístico adicional o ante un control aduanero obligatorio. No es una diferencia menor: de esa calificación depende qué normativa resulta aplicable y qué organismo tiene la facultad de autorizar su cobro”, explicó.
Finalmente, la legisladora aclaró que sus iniciativas no prejuzgan sobre la legalidad del monto, sino que buscan acceder a los antecedentes administrativos, jurídicos y económicos indispensables para evaluarlo.
“Modernizar los controles es prioritario, pero saber quién paga, cuánto paga y por qué motivos también lo es. Lo que corresponde ahora es que la Legislatura debata estos pedidos y que los organismos responsables aporten la documentación correspondiente”, concluyó.
