El diputado nacional por Mendoza Martín Aveiro (Unión por la Patria) reclamó que se investigue penalmente a los funcionarios responsables de administrar los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera públicamente que parte de esos recursos se destina a "lograr el equilibrio fiscal" y no a las rutas nacionales.
El planteo se formalizó en el Proyecto de Resolución Expte. 3812-D-2026, ingresado el lunes en la Cámara de Diputados y publicado en el Trámite Parlamentario N° 109. El texto exige al Ministerio de Economía —autoridad de aplicación—, al Banco de la Nación Argentina —fiduciario— y a la Dirección Nacional de Vialidad que informen de manera documentada cómo se administraron esos recursos desde diciembre de 2023.
El SisVial es un fideicomiso creado por el decreto 976/2001 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos (Ley 23.966) con un destino legal específico: construir, mantener y rehabilitar la red vial federal. Según el escrito, no se trata de una partida presupuestaria de libre disponibilidad para el Tesoro.
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El pedido se apoya en una investigación del diario La Nación publicada el 9 de agosto, firmada por Hugo Alconada Mon, según la cual el fideicomiso recaudó más de $1,5 billones y aplicó a obra vial cerca del 26%, con una subejecución acumulada del 73,8%. A fines de mayo mantenía más de $1 billón colocado en plazos fijos, Lecaps y títulos públicos.
Consultado durante una visita a La Pampa, Ravier respondió que no podía precisar cuánto de lo recaudado va al mantenimiento de rutas, pero admitió que "una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos". El vocero rechazó, no obstante, que el mantenimiento vial esté paralizado.
Para Aveiro, esas declaraciones no son una explicación económica sino una confesión. "La admisión que hizo el Gobierno no es una justificación económica; es la confesión explícita de un delito. El Impuesto a los Combustibles Líquidos no es una caja discrecional del Tesoro ni un cheque en blanco para dibujar balances", sostuvo el legislador en un comunicado difundido el mismo día.
El escrito plantea que la conducta encuadraría en los artículos 260 y 248 del Código Penal, que sancionan la malversación de caudales públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y sostiene que ni la Ley Bases (27.742) ni la emergencia del decreto 70/2023 habilitan a colocar financieramente fondos de afectación específica mientras el fideicomiso siga vigente. También invoca la Ley 24.156 de Administración Financiera y el principio de legalidad presupuestaria del artículo 75 de la Constitución.
Entre los puntos más sensibles, el proyecto exige la nómina completa de las colocaciones financieras con entidades depositarias y rendimientos devengados; los dictámenes de los servicios jurídicos de Economía y del Banco Nación que hayan avalado darle a esos fondos un destino distinto al previsto; y el informe técnico actualizado de Vialidad Nacional sobre el estado del pavimento, las banquinas y la señalización, con el porcentaje de kilómetros calificados como críticos o deficientes.
De cara a las provincias, el texto reclama que se precisen los convenios de conservación vigentes bajo el esquema del SisVial y los montos adeudados a cada jurisdicción, y que se informe si se suspendieron, retuvieron o demoraron las partidas destinadas a las direcciones provinciales de Vialidad. En Mendoza, la red nacional incluye la ruta 7, columna vertebral del comercio con Chile por el paso Cristo Redentor, y la ruta 40, eje norte-sur del Valle de Uco.
El último punto solicita que se informe si se instruyeron sumarios administrativos para deslindar responsabilidades de los funcionarios a cargo.
