La iniciativa parte de la premisa de que, si bien la persecución penal y la investigación de la comercialización de estupefacientes corresponden a las fuerzas de seguridad y a la Justicia, el municipio posee herramientas clave para intervenir sobre los efectos sociales, comunitarios y urbanos que este flagelo causa en los barrios.
Un pilar fundamental de la propuesta es la implementación de un Instrumento de Priorización Local (IPL), inspirado en la experiencia del organismo chileno SENDA y adaptado a la realidad godoycruceña.
Este sistema busca “identificar las zonas más vulnerables mediante datos objetivos, información oficial, alertas de los vecinos y evaluación del riesgo social”, explica en los fundamentos Francisco Cordón.
Asimismo, la medida se nutre de la trayectoria de Cordón en la materia, quien cuenta con un diplomado en Crimen Organizado y Terrorismo y se desempeñó previamente como Subcomisario y Jefe de la Comisaría 27° de Villa Hipódromo.
A partir del diagnóstico del IPL, el programa establece una estrategia de Recuperación Territorial Preventiva para intervenir los sectores prioritarios mediante el mejoramiento de la iluminación, la limpieza, el saneamiento y el fortalecimiento de la videovigilancia y los controles municipales.
A la par, contempla una Fase de Prevención Social y Oportunidades dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, facilitando su acceso a capacitación laboral, educación, deporte, cultura e inclusión comunitaria para alejarlos del ámbito delictivo.
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Para resguardar la seguridad de la ciudadanía, el proyecto diseña un Protocolo Municipal de Protección y Orientación con un canal de alerta confidencial.
“Esta herramienta permitirá a los vecinos reportar situaciones complejas sin exponerse a confrontaciones o tareas de investigación, garantizando que la información con presunción de delito sea derivada directamente a las autoridades correspondientes”, añadió Cordón.
Según el propio edil, esta iniciativa busca dar respuesta al temor de los habitantes del departamento y sumar un instrumento colaborativo a las acciones preventivas impulsadas por la gestión del intendente Diego Costarelli.
Finalmente, la normativa fija límites precisos para las atribuciones locales, excluyendo explícitamente la inteligencia criminal o la persecución penal, y establece la obligación de rendir una evaluación anual de resultados ante el Concejo Deliberante.
“Por su enfoque estructural y su clara delimitación de competencias entre el Estado provincial y el municipal, este modelo preventivo se perfila como una propuesta susceptible de ser analizada y replicada por otros municipios de la provincia de Mendoza”, concluyó el concejal de Defensa Ciudadana.
