El Departamento General de Irrigación (DGI) resolvió que la Municipalidad de San Rafael, la Unión Transitoria de Empresas (UT) que construyó el gasoducto del proyecto Gas Andes y la distribuidora ECOGAS deberán asumir en forma expresa toda responsabilidad administrativa, civil, ambiental y penal que pudiera derivarse del diseño, construcción y operación de la obra, tras constatar que se ejecutó sin un requisito técnico de protección exigido por la autoridad hídrica.
📰 Otras notas:
- Mendoza aumentó 25,20% el costo del servicio de taxis y remises
- El Sistema de Alerta Comunitario de Las Heras se integra al 911
- Energía y Ambiente actualiza la reglamentación para eventos especiales en Áreas Naturales Protegidas
- Los desafíos que enfrentan hoy los arquitectos mendocinos: cambio climático, crecimiento urbano y acceso a la vivienda
La Resolución N° 688, firmada por el superintendente Sergio Leandro Marinelli, es la resolución final de un expediente abierto por un pedido de permiso de cruces entre el gasoducto y la red de riego en jurisdicción de varias inspecciones de cauce de San Rafael. La obra fue contratada por la Municipalidad de San Rafael con una UT integrada por Obras Andinas SA, Hugo del Carmen Ojeda SA, CEOSA y Pamar SA.
Según reconstruye la resolución, la Subdelegación de Aguas del Río Diamante había exigido —mediante una resolución de 2022— que se instalaran "caños camisa" (una protección mecánica adicional) en los puntos donde el gasoducto cruza canales y desagües de riego. Al momento de pedir la habilitación final de la obra, la UT y ECOGAS presentaron una declaración jurada admitiendo que no habían cumplido con esa exigencia, argumentando que una normativa técnica del sector gasífero (la NAG-100) desaconsejaba ese tipo de protección.
El DGI rechazó ese argumento. Un informe de su Dirección de Ingeniería concluyó que la instalación de caño camisa estaba técnicamente justificada para proteger la tubería de cargas externas, tareas de mantenimiento de los canales y movimientos del terreno. El organismo también sostuvo que si la UT consideraba improcedente la exigencia original, debió haberla recurrido en su momento — algo que no ocurrió, por lo que la obligación quedó firme.
La resolución no ordena rehacer la obra: dispone que, ante cualquier daño futuro derivado de la ausencia de esa protección, la responsabilidad será exclusiva del municipio, la UT y ECOGAS, quedando el DGI liberado. Además, exige que la Municipalidad de San Rafael dicte una ordenanza que exima expresamente al organismo hídrico de responsabilidad por daños que puedan producirse durante tareas normales de mantenimiento de los canales atravesados por el gasoducto.
