Con el Hogar Santa Marta está pasando. Se habla de torres, de negocios y de responsables, pero pocas veces se explica algo elemental: qué decide cada nivel del Estado y en qué momento.
La Provincia es la titular del hogar y del terreno. Es el Poder Ejecutivo provincial el que envió el proyecto de ley para permutar ese predio por una nueva residencia para adultos mayores, y es la Legislatura la que lo discute. Ya tuvo media sanción en Diputados y ahora le toca al Senado.
Si la ley se aprueba, será el Gobierno provincial el que llame a licitación, fije las condiciones y controle la obra. Todo ese recorrido es provincial de punta a punta.
La Ciudad de Mendoza tiene otro rol, y no menor: regula el uso del suelo. Eso significa que cualquier proyecto que se pretenda construir en el futuro, sea cual sea, deberá cumplir las normas de altura, uso y ocupación vigentes, o las que el Concejo Deliberante decida modificar.
Pero esa intervención llega después, cuando exista un proyecto concreto con planos y dimensiones. Antes de eso, no hay nada que el municipio pueda aprobar ni rechazar sobre un inmueble que no administra.
Confundir ambos planos tiene consecuencias. Si se le exige al intendente que responda por la permuta, se diluye la responsabilidad de quienes efectivamente la impulsan y la votan.
Y si se descarga en el municipio la discusión sobre la tasación o el procedimiento, se aleja el reclamo de las personas que pueden contestarlo. Los vecinos preocupados por el futuro del predio merecen respuestas, y las respuestas están en el Gobierno provincial y en el Senado, no en la Municipalidad.
📰 Otras notas:
Un ejemplo de esa confusión es la columna reciente de Sergio Bruni, ex asesor del hoy condenado Daniel Orozco y actual miembro de los equipos técnicos de Luis Petri, quien le reclama al intendente que se pronuncie y le plantea condiciones para la operación. Tiene derecho a opinar, y la condena es de Orozco, no de Bruni. Pero el reclamo apunta a quien no decide, mientras que quienes sí deciden quedan fuera de foco. Y quien conoce cómo se reparten las competencias en Mendoza sabe bien que esa distinción no es un detalle menor.
Esto no significa que la Ciudad deba mirar para otro lado. Cuando llegue el momento de evaluar un proyecto constructivo, el municipio tendrá que ser exigente con las alturas, con el impacto sobre el Parque y con el entorno.
Esa será su responsabilidad, y se la podrá evaluar con hechos. Pero juzgar hoy al intendente por lo que decida la Provincia es adelantar una discusión que todavía no corresponde y atribuirle una decisión que no tomó.
Mientras tanto, el centro del asunto sigue siendo el mismo: cómo se mejora la atención de los adultos mayores. Una nueva residencia, con más plazas y mejores servicios, puede ser un avance real para la provincia, siempre que se haga con transparencia y con el compromiso de que nadie se traslade hasta que el nuevo lugar esté terminado.
Que Mendoza se desarrolle no está reñido con cuidar a los que ya dieron todo: puede ser la misma decisión, bien tomada y bien explicada.
*Opinión de Fernando Reyes
