El presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, cuestionó la decisión del Gobierno de Mendoza de prorrogar por decreto un contrato de $32.350 millones para garantizar la provisión de alimentos en las cárceles de la provincia, evitando así el llamado a una nueva licitación pública. La medida fue criticada por la oposición al considerar que el mecanismo impide la libre competencia de oferentes.
El legislador oriundo de San Rafael señaló que esta maniobra beneficia directamente a la actual prestadora al no permitir la evaluación de otras empresas que podrían brindar mejores servicios o costos. "Es notoria la falta de transparencia y seriedad en cómo se viene manejando este tema, sin permitir que otras empresas puedan participar de un concurso abierto y público", afirmó Gómez.
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Asimismo, el diputado recordó que las irregularidades formales en este sector no son nuevas. Según explicó, durante la licitación anterior ya se le había dado continuidad al servicio sin que se cumplieran todas las etapas correspondientes que exige la ley.
Desde el peronismo insisten en que mantener el vínculo con la misma empresa mediante una contratación directa de tal magnitud va en contra de las buenas prácticas del Estado. Por ello, exigen que las futuras contrataciones multimillonarias garanticen mecanismos transparentes para la participación de distintos proveedores.
